ARTÍCULO PROPORCIONADO POR EOI (Escuela de Organización Industrial)

Los pueblos tienen la libre disposición de sus riquezas y de sus recursos naturales. Este derecho se ejercerá en interés exclusivo de las poblaciones. En ningún caso, podrá un pueblo ser privado de este derecho.
(Artículo 21.1 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981).

Cuando se establecen relaciones comerciales se siguen unos criterios en los que no siempre prima el respeto de los derechos humanos fundamentales. El Delta del Níger es un claro ejemplo de cómo hacer negocios sin tener en cuenta ni el medio ambiente ni la población local.

El Delta del Níger es una zona superpoblada de 70,000 km² de extensión que forma parte de lo que hoy en día es Nigeria. Desde que se descubrió la existencia de petróleo en esta zona hace 50 años, el país se convirtió en el mayor exportador de África, el número 11 en el mundo. Cada día se extraen 2 millones de barriles sólo del Delta. La contaminación que genera esta zona del planeta provoca graves daños ambientales que afectan a la salud de sus habitantes y suponen una enorme contribución al calentamiento global. Estos son algunos de los datos que revelan el grave impacto ambiental de la extracción petrolífera:

• 7.000 vertidos petrolíferos entre 1970 and 2000, casi uno por día.
• 70 millones de metros cúbicos de combustión de gas al día, produciendo la mayor fuente de gases invernadero del planeta.

Como consecuencia la población sufre graves problemas de salud, como denuncia Amnistíaa Internacional. Las tierras son prácticamente incultivables y los peces contienen tal cantidad de tóxicos que no se pueden consumir. Esto ha dejado sin trabajo a la mayor parte de campesinos y pescadores. Además, ha habido distintas explosiones en oleoductos, como la que en 1998  mató a más de 400 personas.

A pesar de sufrir las consecuencias ambientales de esta industria que explota sus recursos, la población local no se beneficia de los ingresos que genera este mercado. Los distintos gobiernos dictatoriales del país han firmado acuerdos con multinacionales petrolíferas  como Chevron Corporation o Royal Dutch Shell, en los que a cambio de una suma de dinero les ceden el control absoluto de los yacimientos.  Los beneficios de estos acuerdos quedan en manos de las élites de poder: Sólo un 1% de la población retiene el 85% de la riqueza derivada del petróleo.

Estos abusos son el origen de los numerosos conflictos y  enfrentamientos armados que han convertido el país en un foco de inestabilidad permanente. La mala gestión de los recursos ha enfrentado a la población civil con las élites dominantes, a las que algunas compañas internacionales dan su respaldo sin consideración por los derechos humanos.  Ijaw, la agrupación de pueblos indígenas del Delta, firmó en 1998 la Declaración de Kaiama, en la que expresaba su preocupación por la entrega de sus recursos naturales a las compañías petrolíferas.  La reacción del gobierno fue enviar al ejército abrir fuego contra los firmantes de la Declaración.

En 2004 habitantes del Delta se enfrentaron a Shell en protesta por el incumplimiento de su promesa de invertir parte de las ganancias que genera el petróleo en el desarrollo de la población local. La empresa fue defendida a capa y espada por el ejército, que de nuevo disparó contra quienes protestaban y colgó tras un juicio sumario a activistas ecologistas que reclamaban el fin de los abusos.

¿Son responsables las multinacionales de las consecuencias de los acuerdos que firman con los gobiernos? ¿Deben los derechos humanos ser un criterio fundamental en el establecimiento de relaciones comerciales?

De todo esto hablaremos el próximo lunes 26 en EOI. Contaremos con cuatro representantes de ámbitos muy distintos:

• Celestine Akpobari, ONG Social Action de Nigeria.
• Esteban Beltrán, Director de la sección española de Amnistía Internacional España.
• Eduardo García, Director de RSC Repsol
• Cristina Barreno, Subdirección General de Inversiones  Exteriores (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

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